POR ConstanceZimmer

Presentan proyecto de ley para mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas

Salud

La iniciativa es del diputado por Avanzar y Cambiemos por San Luis, Gastón Hissa y tiene como objetivo otorgar beneficios sanitarios, sociales, laborales e impositivos a quienes atravesaron por una intervención.

 

El proyecto denominado “derechos y beneficios para una mejor calidad de vida de personas trasplantadas”, se convertirá en caso de ser sancionado en una “norma complementaria” de la Ley nacional Nº 26.928 sancionada en 2013.

 “Regularía beneficios al alcance de la legislación local”, dijo el diputado al ser consultado sobre los aspectos centrales del proyecto que fue diseñado a partir de la colaboración de los integrantes de la Fundación Villamercedinos Solidarios.

En los fundamentos se planteó que desde la creación de la ley nacional y hasta el 2015, el Gobierno de San Luis “demostró un interés genuino por la difícil realidad que deben transitar los pacientes que requieren de un trasplante”.  A modo de ejemplo, se menciona la creación del Instituto Provincial de Investigación y Trasplante, en el marco del Plan Maestro de Salud, área que hoy no funciona.

“El reconocimiento de mayores beneficios de tipo sanitarios, sociales, laborales e impositivos, entre otros, se justifica en consideración de que estas personas, si bien ha obtenido una nueva posibilidad de vida, requieren de una legislación que los contenga y que determine su condición jurídica para poder garantizar su reinserción a las tareas cotidianas, con la mejor calidad de vida que sea posible”, dice en sus considerandos en proyecto.

En total son 20 artículos, divididos en seis capítulos que enmarcan diversos beneficios y que deberán ser ejecutados por la autoridad de aplicación. Entre ellos se destacan: Disposiciones generales; Fondo provincial para personas trasplantadas; garantías laborales; acceso a la vivienda; exenciones impositivas y otros más.

Se considerará “persona trasplantada” aquella que, con residencia efectiva y comprobable en San Luis mínima de dos años, haya recibido un trasplante de órgano, tejido o célula por razones de supervivencia, de acuerdo a constancias del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

Un punto clave es la creación de un fondo provincial para “solventar los costos que demanden las prestaciones que deberá brindar el Estado Provincial a los pacientes trasplantados de escasos recursos y sin cobertura de obra social”. Un factor a tener en cuenta es que ese fondo podrá recibir aportes de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, quienes podrán deducir hasta el 20% del mismo liquidado el año calendario anterior.

El proyecto explica en su artículo N° 1 que: “La presente Ley tiene como objeto eliminar las barreras que impiden o dificultan a las personas trasplantadas mejorar su calidad de vida, la cual se ha visto menoscabada como consecuencia de haber recibido un trasplante de órgano, tejido o célula por razones de supervivencia.

En cuanto al acceso a la vivienda indica que: “Para los supuestos de personas trasplantadas que carezcan de vivienda propia, el Estado Provincial arbitrará los medios y procedimientos necesarios para facilitar el acceso a una vivienda adecuada, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos por el órgano competente”.

Y aclara: “El Estado Provincial deberá considerar a las personas trasplantadas como personas con discapacidad, a los fines y efectos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° I-0970-2017 o la que en un futuro la sustituya o modifique”.