POR ConstanceZimmer

Ex jueza de Paz La Carolina denunció al Estado Provincial

Acomodo en la justicia

Lucía Vázquez presentó una demanda contenciosa administrativa. La ex jueza cuestionó la designación del nuevo juez de paz, Albarado Magallanes que juró su cargo el lunes pasado.

 

Patrocinada por el abogado, Francisco Guiñazú, presentó además una medida cautelar “innovativa” para que el trámite se retrotraiga antes de la publicación del acuerdo que le permitió asumir a Magallanes.

De acuerdo a lo informado por el portal informativo, El Chorrillero, el viernes 21 de septiembre iniciaron una demanda contenciosa administrativa contra el Estado provincial por una actuación producida por el STJ que es el que tiene las facultades de administración.

Para realizar el trámite, Guiñazú tuvo que pedir que se le asignara un número de expediente digital para subir la presentación. Efectuó ese procedimiento el martes pasado y un día después se publicó el acuerdo Nº 684 donde se asignaba el día y el horario de juramento para que Albarado Magallanes prestara juramento en el cargo.

 “Estamos pidiendo que el Superior Tribunal se expida sobre este pedido, pero no pueden pronunciarse los mismos ministros que ya resolvieron el tema, es decir, que no pueden participar (Lilia) Novillo, (Martha) Corvalán ni (Carlos) Cobo y se tiene que conformar un nuevo tribunal”, dijo al ex jueza de Paz.

El abogado que la representa destacó que es grave lo que ha sucedido ya que el máximo órgano judicial tiene la obligación de ejercer el control de constitucionalidad pero “acá nos encontramos con que está viciado”.

En ese sentido, mencionó que no se difundió el puntaje ni los fundamentos del orden de mérito y que Magallanes “nunca vivió en La Carolina y en el partido” por lo tanto no cumple con uno de los requisitos del artículo 222, el cual plantea que para ser juez de paz Lego se requiere ser vecino del partido.

 “Creemos que esto se sostiene simplemente en la voluntad caprichosa de los ministros del Superior Tribunal que piensan más en el acomodo de un funcionario que en la objetividad de la ley y de la Constitución”, sostuvo.

 “Hay una estrategia política tendiente a consolidar el poder territorial en el interior de la provincia de san Luis, porque los jueces de Paz tienen ascendencia dentro de localidades, son referentes de la zona y tratan de ubicar personas que sean afines al poder político provincial”, advirtió.

Fuente: El Chorrillero