POR TawnyCypress

Crean la Oficina de Contrataciones para regular la obra pública nacional

Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional creó la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la secretaría de Modernización Administrativa, en el ámbito de la jefatura de Gabinete. La medida, fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, por decreto 1169/2018.

 

El nuevo órgano tendrá nivel de subsecretaría y regulará el sistema de contrataciones de obra pública y concesiones del Estado.

Las medidas responden a la necesidad de incorporar “estándares internacionales de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, entre los que se destacan los receptados por la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de 2015”, señala el decreto 1169.

Según el decreto, las contrataciones y concesiones de obras públicas iniciadas antes del 29 de diciembre de 2016 tendrán plazo hasta el 1° de septiembre de 2019 para ser incorporadas al sistema de gestión electrónica gubernamental denominado Contrat.Ar, con excepción de aquellas que presenten un significativo grado de avance en su ejecución.

Asimismo, según la medida que cuenta con la firma del presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el ministerio de Hacienda verificará el cumplimiento de lo establecido en el decreto comunicado hoy, de lo previo a la autorización de pagos que correspondan en el marco de dichas contrataciones.

Según la normativa, en los procedimientos de contrataciones, deberá desestimarse la oferta, cuando “existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional”. Además, se trate de integrantes de empresas no habilitadas o se presuma que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección.

En este sentido, la nueva secretaría que funcionará en la órbita de Marcos Peña, no seguirá adelante con la evaluación de ofertas cuando se trate de personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción.