POR TawnyCypress

Avanza la causa de los 80 millones otorgados a la fundación de Adolfo y su esposa

Justicia

A más de un año de la investigación de Zbol sobre el millonario subsidio que la gestión de Alberto Rodríguez Saá le entregó a la Fundación Mujeres Puntanas, presidida por la esposa de su hermano Adolfo, avanza la causa que lleva adelante la Justicia Federal.

Gisela Vartalitis y Adolfo Rodríguez Saá

 

En septiembre de 2017, a pocas semanas de las elecciones generales, el gobernador  de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entregó un subsidio de 80 millones de pesos para una fundación encabezada por su hermano Adolfo y su esposa Gisela Vartalitis, creada en tiempo record.

La novedad en la causa, es que  la Justicia Federal allanó los ministerios de Hacienda y Producción en búsqueda de tres expedientes. La noticia se conoció el jueves pasado, pero la medida se cumplió a principios de diciembre en Terrazas del Portezuelo a instancias del Fiscal Federal, Cristian Rachid.

 

Orden de pago de Alberto Rodríguez Saá para la Fundación de Adolfo Rodríguez Saa y Gisela Vartalitis. Documento exclusivo de Zbol.com.ar

 

La Corte Suprema dispuso que las “medidas urgentes” de instrucción las llevará a cabo la Justicia Federal, mientras define en que fuero se sustanciará la denuncia penal contras las principales figuras del Gobierno, encabezadas por el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Según consignó El Chorrillero, el máximo tribunal judicial de la Nación todavía no se expidió sobre el incidente de competencia entre la Justicia Federal y la de San Luis, que se declararon incompetentes. Hace más de catorce meses que la causa no tiene juez titular.

Por lo pronto el juez Juan Esteban Maqueda autorizó el allanamiento en los ministerios de Hacienda, a cargo de Natalia Zabala Chacur y de Producción que dirige actualmente Sergio Freixes, condenado a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al ser encontrado culpable por el delito de “coacción agravada” en la causa por presionar a jueces a firmar las renuncias en blanco.

El operativo se realizó en los primeros días de diciembre. El objetivo fue secuestrar tres expedientes que contienen información valiosa para la causa, que va desde el momento en que se firmó el convenio con la Fundación Mujeres Puntanas hasta la asignación en tiempo récord de un subsidio de $80 millones para ser usados presuntamente en la campaña electoral del Frente Unidad Justicialista.

Además del gobernador fueron denunciados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis por la posible “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, violación de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial.

La presentación la hicieron un grupo de diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis el 2 de octubre de 2017, es decir 20 días antes de las elecciones.

La fundación habría usado los fondos públicos para comprar electrodomésticos que se repartían en actos presididos por el entonces candidato a senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá.

Rachid está ahora a la espera de la remisión de la documentación secuestrada.

Por otro lado la Justicia Federal investiga el movimiento financiero del Frente Unidad Justicialista “que podría derivar en una infracción al régimen de financiamiento de partidos políticos”.

Sobre los resultados de las pericias contables que había solicitado la fiscalía, señaló que en octubre se pidieron explicaciones al PJ.

“Se le corrió vista al Frente Unidad Justicialista, la contestó y todavía está a análisis del cuerpo de peritos contadores de la Cámara Electoral Nacional”, indicó.

El estudio que llevarán a cabo los especialistas comprende los balances presentados y la información que en su momento se le requirió a la fundación encabezada por Vartalitis.

“En base a esto se va a poder determinar si hubo dinero concretamente que haya ingresado al partido y que no esté explicado por las fuentes de financiamiento que admite la ley y los eventuales contactos con Mujeres Puntanas, al margen de los delitos que se investigaron en la causa penal”, sostuvo.

Puntualmente, desde la fiscalía, están a la espera de los resultados del informe del cuerpo de auditores contables para poder constatar si hubo movimientos de fondos que hayan atentado contra la ley de financiamiento electoral.

“Se comprobó que el partido recibió aportes públicos y privados, lo que está por determinarse es si todos esos fondos pasaron por la cuenta oficial que debe tener habilitada cada agrupación política en el marco de un proceso eleccionario, si están acreditados los pagos y las fuentes de ingreso”, dijo Rachid.

 

Fuente: El Chorrillero