POR ConstanceZimmer

Alberto no quiere que sea ley el proyecto que busca estabilizar a los trabajadores de planes sociales

El momento es ahora

Claro, de aprobarse y de ganar en las próximas elecciones, no podrá dejar sin trabajo a miles de beneficiarios. Alberto Rodríguez Saá instruyó a sus legisladores a evitar que la iniciativa presentada por el Frente San Luis Unido siga su curso.

 

Torrontegui tiene cajoneado el proyecto de ley

En Abril, este proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados por 36 votos afirmativos y 6 negativos del bloque que responde a Alberto Rodríguez Saá. Hoy, ya en Cámara de Senadores es frenado en la comisión de asuntos constitucionales, que preside la senadora María Angélica Torrontegui.

Este proyecto fue impulsado en marzo por el Frente San Luis Unido a raíz de las persecuciones, amenazas y hostigamientos que sufren los trabajadores de distintos planes del Gobierno desde el año 2017.

El proyecto promueve la no suspensión de beneficios en caso de el cambio de gobierno en las próximas elecciones del 16 de junio y contempla que ninguna persona que percibe un plan del Gobierno provincial, perderá el beneficio.

El proyecto establece que no podrá darse de baja hasta el 10 de diciembre de 2019, ningún beneficio social otorgado por el Estado Provincial “salvo causa justificada, por cese de las condiciones que habilitaron su otorgamiento, por fallecimiento del titular o incompatibilidad”.

A principios de abril se dieron a conocer casos de gente trabajadora del plan que fueron echados por seguir políticas partidarias distintas a la del gobierno actual como fue el caso de la esposa del candidato a intendente de San Luis Unido en Alto Pencoso y otros casos en el Departamento Dupuy, a quien se incrimina a la hija del Ministro de Producción Freixes como la responsable de la expulsión de trabajadores.

El proyecto de ley también determina que dentro de los cinco días de que se sancione la ley, el Gobierno deberá presentar a la Legislatura el listado de beneficiarios de todos los Planes que ha otorgado el Gobierno y cualquier otro beneficio “de similar naturaleza existente o que se cree en el futuro”. Incluido, las altas y bajas que se produzcan. También se habilitara una plataforma web y telefónica para recibir denuncias de beneficiarios y recibir intimidaciones o violencias que sufran los trabajadores que terminen en actitudes proselitistas.