POR ConstanceZimmer

Los partidos que integran San Luis Unido van juntos a respaldar las denuncias contra el Gobierno

El momento es ahora!

Rodríguez Saá deberá pensar antes de realizar nuevamente los fraudes electorales que ya cometió en las pasadas elecciones.  Los candidatos por el Frente San Luis Unido, Claudio Poggi y Enrique Ponce adelantaron que hicieron un pedido expreso a la justicia para controlar los delitos. Además indicaron que desde el frente opositor se seguirá de cerca cada paso para evitar nuevas maniobras fraudulentas.

 

En conferencia de prensa y luego de participar de una reunión convocada por el bloque de diputados y senadores del espacio político, los candidatos a Gobernador y Vice, se refirieron a la gravedad institucional que vive San Luis.

En este sentido, recordaron que se han realizado desde el cuerpo de legisladores del Frente San Luis Unido innumerables pedidos de informes al Gobierno de San Luis que no han tenido respuesta lo que refleja la gravedad institucional y la impunidad que caracteriza al gobierno de Rodríguez Saá.  

“La reunión ha sido muy provechosa porque esto nos muestra un San Luis Unido, un frente político muy consolidado en donde vamos a sumarnos a las causas, fundamentalmente las referidas al aporte de los 80 millones de pesos a la fundación de la esposa del senador (Adolfo Rodríguez Saá) por parte del Gobernador, que eso implicó su uso en la campaña electoral del año pasado y por lo que vemos, por los carteles y por la ostentación que está haciendo esa fundación hoy por hoy, siguen usando esa plata”, dijo Claudio Poggi en el inicio de la conferencia de prensa que ofrecieron luego del encuentro en la Legislatura Provincial.

Además, y para detallar aún más el fraude, Poggi explicó que: “Esos 80 millones de pesos es el 1000% de 8 millones que fue el límite de campaña electoral en cuanto a gastos posibles en la elección de 2017 para diputados y senadores nacionales”, explicó.

Durante el encuentro con los medios, los candidatos y líderes de cada uno de los partidos que conforman el frente se solidarizaron con la labor de los legisladores y anunciaron que se sumarán a las causas para fortalecer y avalar las presentaciones.

El apoderado del frente San Luis Unido, Ricardo Endeiza detalló cada una de las causas iniciadas en contra del Estado Provincial, las cuales están radicadas en la justicia provincial y Federal.  Endeiza remarcó que el cuerpo de auditores de la Cámara Electoral Nacional dictaminó que se configuró delito en el marco de la entrega de un subsidio de $80 millones por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a su cuñada Gisela Vartalitis, en su condición de presidente de la Fundación Mujeres Puntanas en la campaña de 2017. El uso de estos dineros se destinó a la entrega de electrodomésticos y muebles en actos del senador Adolfo Rodríguez Saá.

Los títulos que desaparecieron, los votos marcados

Una de las denuncias que se encuentra en el justicia federal está referida a la venta de títulos. Al respecto, Poggi recordó que “Cuando analizamos la Cuenta de Inversión el 1° de enero de 2017 existían en las arcas públicas 2400 millones de pesos en títulos y a fin de ese año ya no estaban y no se exhibe qué se hizo con esa plata”.

Por otra parte se refirió a la denuncia de votos marcados en la localidad de Nogolí en el año 2017 y remarcó con contundencia que “en esta elección que se avecina, el que marque votos irá preso”.

Sobre el trabajo que se realiza de manera conjunta entre los partidos aliados expresó: “San Luis está unido, nos vamos a sumar activamente a las causas que ya están iniciadas a nivel provincial y federal y vamos a custodiar la voluntad popular para que esto el 16 de junio no se vuelva a repetir. Hay que votar con tranquilidad, en paz y vamos a ser muchos los responsables de que eso se pueda cumplir como corresponde”.

Los casos y denuncias que la justicia congela

-Denuncia por contrataciones directas entre el ministerio de Producción y Sol Puntano Sapem y la Fundación Sol Puntano.

-Denuncia por falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la elaboración y presentación del presupuesto para la administración pública provincial para el año 2019.

-Denuncia por malversación de caudales públicos y otros delitos contra la administración pública provincial por la venta de títulos públicos.

-Denuncia por abuso de autoridad y otros delitos contra la administración pública provincial por el otorgamiento ilegal de fondos públicos para fines electorales.

-Denuncia por otorgamiento de planes sociales en violación de la veda.

-Denuncia por persecución ante el Inadi a una candidata de Avanzar y Cambiemos en 2017.

-Denuncia por utilización del parque público “La Pedrera” para el acto partidario del peronismo K.

-Denuncia ante la Justicia Federal por casos de “votos marcados”.

Foto: Gentileza El Chorrillero